- El sector inmobiliario denuncia ante la Fiscalía la elaboración de un manual de okupación
Barcelona, 1 de marzo – A menudo los medios de comunicación recogen noticias sobre ocupaciones ilegales de vivienda y la alarma y conflictividad que generan en la vida de las comunidades, la falta de asistencia de la Administración a las familias ante una reducción drástica de sus ingresos y la actuación de mafias que se lucran de las situaciones de necesidad. A veces, se olvida el trasiego que supone para los propietarios, así como por los residentes de las comunidades de propietarios, tanto desde el punto de vista emocional como económico, los problemas de convivencia y de seguridad.
Consideramos que las corporaciones públicas representativas de los profesionales y de las empresas de nuestro sector no pueden mantenerse impasibles ante los graves perjuicios que se están provocando a la propiedad, a las comunidades, a los vecinos y a la ciudadanía en general, por unos hechos cada vez más alarmantes y, por eso, creemos que hay que instar a las autoridades públicas para que actúen en defensa de la legalidad y en defensa de la protección del interés común.
Los datos del Sistema Estadística de Criminalidad del Ministerio del Interior, que recoge denuncias por ocupación ilegal, permiten un análisis más cuidadoso de la evolución temporal y su incidencia en las Comunidades Autónomas más pobladas.
– Tasa Ocupaciones por cada 10.000 habitantes en Andalucía:
- 2015: 2,45
- 2019: 3,01
- Incremento del 22,83%
– Tasa Ocupaciones por cada 10.000 habitantes en Madrid:
- 2015: 2,53
- 2019: 2,16
- Disminución del 14,98%
– Tasa Ocupaciones por cada 10.000 habitantes en Cataluña:
- 2015: 5,26
- 2019: 8,71
- Incremento del 65,63%
La tasa catalana es claramente superior desde 2015 y es la más elevada en todos los años y triplica la de Madrid el 2019.
Del dato de 2019 hay que señalar:
– Mínimo estatal, La Rioja con una tasa del 0,35
– Máximo estatal, Cataluña con una tasa de 8,71
– Segundo máximo estatal, Andalucía con 3,01
– Media Estatal 3,11
En conclusión, en 2019 Cataluña está en un 280% por encima de la tasa media estatal, un 323% por encima de Andalucía y un 403% por encima de la de Madrid.
Buscando explicaciones interesa relacionar la evolución de la tasa de paro entre 2015 y 2019 con la evolución de las ocupaciones durante el mismo periodo:
– Andalucía:
- Tasa de paro: baja un 37% (23,80% respecto 4T 2020)
- Ocupaciones: incrementan un 23,06%
– Madrid:
- Tasa de paro: baja un 34,27% (18% 4T 2020)
- Ocupaciones: disminuyen un 11,60%
– Barcelona:
- Tasa de paro: baja un 42,29% (21,8% 4T 2020)
- Ocupaciones: incrementan un 69,32%
En conclusión, Cataluña, de las tres comunidades más pobladas, es la que tiene una disminución del paro más importante hasta el 2019, en la que más crecen las ocupaciones. Es interesante resaltar el hecho que en Cataluña se incrementan las ocupaciones casi un 70% mientras que en Madrid disminuyen casi un 12%.
Es evidente que en Cataluña la mejora de la situación económica y la reducción de la tasa de paro no han reducido el número de denuncias de ocupación ilegal, que sigue creciendo.
La explicación se puede encontrar en el fomento de la ocupación ilegal por parte de algunos partidos y la mayor permisividad de las administraciones en Cataluña, ante las dificultades de alojamiento de las familias y de medidas de políticas de vivienda demagógicas poco eficaces y con pocos recursos presupuestarios. Las administraciones han renunciado a cumplir el mandato constitucional del derecho a la vivienda (artículo 47 de la Constitución), que establece que los poderes públicos promoverán las condiciones y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. El Decreto Ley 17/2019 traspasa a los propietarios de viviendas ocupadas esta responsabilidad, obligándoles a un alquiler social a largo plazo que no cubre, en muchos casos, los gastos de funcionamiento y de mantenimiento, con la amenaza de multas coercitivas exorbitantes. Ningún otro país de la UE tiene una legislación que comporta la legalización de la ocupación.
El Decreto Ley 17/2019 ha sido declarado anticonstitucional y nulo en este aspecto y otros artículos en la Sentencia 16/2021 del TC.
Esta sentencia del TC constituye una oportunidad para una nueva reflexión sobre cómo abordar las situaciones de vulnerabilidad en el acceso a la vivienda, con medidas de política de alojamiento eficaces y de acuerdo con el marco constitucional. Las entidades firmantes lo pedimos y ofrecemos la plena disposición.
DENUNCIA A LA FISCALÍA
En este contexto de expansión de la ocupación en Cataluña, dado que ningún organismo ni ningún poder público ha denunciado este manual, se informa que las entidades catalanas representativas que trabajan la vivienda y el sector inmobiliario, Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, Consejo de Colegios Territoriales de Administradores de Fincas de Cataluña, Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, Consejo Catalán de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña y la Asociación de Promotores de Cataluña, hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía pidiendo se averigüe e identifiquen a los responsables de la elaboración y publicación de un “Llibret d’Okupació”, difundido en la página web de la organización política juvenil ARRAN. El manual consta de 100 páginas con infografías, entrevistas con experiencias, consejos y asesoramiento jurídico para evitar la desocupación. Se explica en detalle qué herramientas son necesarias para forzar una puerta, para hacer empalmes en el suministro eléctrico y para manipular los contadores de suministros.
Sin duda, se trata de un documento que incita con carácter público a la delincuencia y a la provocación de delitos de diferente índole, contemplados en el artículo 18 del Código Penal.
