La Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña, junto con el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, el Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y provincia, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y el Consejo de Colegios oficiales de Agentes de la Propiedad inmobiliaria de Cataluña han elaborado un documento que contiene 12 propuestas de acción de Gobierno en materia de políticas públicas de vivienda. El documento, enviado a todas las fuerzas políticas catalanas con representación parlamentaria, responde al espíritu de satisfacer el derecho a la vivienda, uno de los principales problemas no resuelto adecuadamente y que precisa de la concertación de todas las partes actoras para encontrar las mejores y más varias soluciones.
Cabe destacar que la mayoría de las medidas aprobadas durante esta última década, tanto por parte del Estado como de las comunidades autónomas, comportan obligaciones de gran impacto para los privados, quienes sienten que acaban asumiendo la responsabilidad de la ejecución de políticas asistenciales propias de la Administración. Es por eso que las 12 propuestas de acción planteadas a los grupos políticos que configuran el Parlamento de Cataluña van en la dirección de corregir esta situación.
La primera actuación va encaminada a crear y asegurar un marco regulador estable que ofrezca seguridad jurídica a todas las partes, permitiendo a la vez la celebración de las actuaciones de inversión en el sector de la construcción residencial de manera sostenible. La segunda, tiene el foco en las preasignaciones presupuestarias para las políticas de vivienda, que deberían incrementar su peso en el presupuesto catalán hasta el 1,5% del PIB. En definitiva, se pretende que a largo plazo se garantice un incremento suficiente de los recursos de la Generalitat en materia de vivienda.
La tercera acción quiere impulsar un acuerdo de colaboración público-privado para el relanzamiento sostenible de la promoción de vivienda nueva. Se plantea un acuerdo plurianual entre el sector y la Administración, que establezca los canales y las medidas de colaboración para la promoción de vivienda a precio asequible y social. En este sentido, sería absolutamente necesario lograr ciclos de promoción de hasta 25.000 viviendas al año de diversa tipología, libres y protegidos, en régimen de acceso en alquiler, venta, derecho de superficie y cesión de uso o copropiedad. Conseguir esta cifra de viviendas significaría la generación de más de 60.000 puestos de trabajo y una recaudación fiscal para el conjunto de las Administraciones superior a los 1.500 millones de euros.
Por lo que respecta a la cuarta acción se centra en la movilización del suelo reservado destinado a vivienda asequible y social, evaluando cuáles son las actuaciones más eficientes para acelerar la creación de una numerosa oferta de este tipo de vivienda. La quinta actuación plantea que la Administración desarrolle instrumentos no coercitivos para avanzar hacia el derecho subjetivo de la vivienda, en línea con lo que se implantó en Francia o en el País Vasco. Desde la acción pública -sin interferir ni ir en detrimento de los derechos de los titulares del parque de viviendas privado- deberían buscarse fórmulas y recursos suficientes para proporcionar el techo adecuado en aquellos colectivos de la población con más dificultades para acceder a una vivienda.
Las líneas de apoyo de acceso a una vivienda nueva configurarían la sexta propuesta de acción, que no tan solo iría a remolque de lo que pueda establecer el Plan de Vivienda Estatal, sino de disponer de líneas propias con cargo a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. Los fondos europeos Next Generation EU son una oportunidad para todo el sector -y también para el ciudadano- para reactivar la construcción residencial ante la incertidumbre del impacto que comporta el escenario post-Covid sobre la economía. Precisamente, la séptima acción sería facilitar la aplicación de estos fondos en el ámbito de la construcción residencial, siguiéndole la octava actuación, fundamentada en la adopción de medidas de simplificación administrativa y mejora de la agilidad en trámites y otros aspectos por parte de la Administración.
La acción novena pretende modificar las imposiciones a los propietarios realizadas por la Ley 24/2015 y los Decretos ley 17/2019 y 1/2020. En este sentido, se propone abrir un diálogo con el Gobierno sobre la definición de gran tenedor, el alquiler social obligatorio, la viabilidad de las actuaciones de promoción urbanística y la protección ante la ocupación ilegal de viviendas.
La fórmula escogida por el ejecutivo catalán para intentar contener las rentas de alquiler es considerada contraproducente para la generación del propio alquiler. De hecho, la interpretación de la ley afecta a los contratos firmados entre los años 1995 y 2015, suponiendo un grave perjuicio para todos aquellos propietarios que históricamente han puesto viviendas de su titularidad en el mercado de alquiler, de forma que aumenta objetivamente la posibilidad que estas se retiren de la oferta de mercado. Además, la ley realiza una inadecuada aplicación del índice de referencia, ignorando aspectos esenciales que tienen un peso objetivo en la valoración a realizarse del precio de alquiler. Hay que añadir que el impulso por parte del Gobierno de una normativa de alquiler catalana comportará una nueva confrontación competencial, considerando el acuerdo firmado al 2018 entre el Estado y la Generalitat, donde se explica que los dos gobiernos coinciden que cualquier intento de regulación de los arrendamientos urbanos es competencia del Estado. Las actuaciones décima y undécima contemplan la revocación de estas normativas por los efectos adversos sobre el alquiler y destacar que la estabilidad y la seguridad jurídica en las normas que regulan los contratos de arrendamiento deben tener presente que el objetivo es facilitar el derecho básico del acceso a la vivienda, respondiendo equilibradamente a las necesidades de propietarios y arrendatarios.
La acción doceava es reclamar a los grupos parlamentarios -y muy especialmente al Gobierno de la Generalitat de Cataluña-, que en esta legislatura se ponga en marcha una nueva política de concertación en materia del derecho a la vivienda, mediante la promoción de un nuevo Pacto Nacional de Vivienda en el que estén representados todos los actores y agentes intervinientes. Esto quiere decir escuchar y facilitar la participación de los representantes de los propietarios y de los colectivos empresariales y profesionales, que deben ser actores intervinientes juntamente con los representantes de los diferentes niveles y ámbitos de gobernanza de la Administración con capacidad dispositiva y/o presupuestaria en el sector de la vivienda.
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