Barcelona, 9 de mayo – El Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, l’Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona y el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i l’Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya han interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gràcia (Barcelona) promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, cuya aprobación definitiva fue publicada el pasado 4 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat.
La citada Modificación que afecta a los barrios de Gràcia prevé que las actuaciones edificatorias de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400m2 deberán destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida, fijando un techo diferente respecto al que en su momento se estableció para el resto de la ciudad (600 m2) sin justificar el motivo de esta diferencia.
También hay que remarcar que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo. Nos encontramos pues, ante una limitación al derecho de propiedad, y, por lo tanto, debe comportar la correspondiente indemnización, tal como estableció recientemente el Tribunal Constitucional.
Una cuestión muy importante, que motiva el recurso, es el hecho de que el estudio económico elaborado no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni tampoco establece la sostenibilidad para las finanzas públicas.
Al igual que en su momento se hizo con la norma actualmente vigente, se incluye la rehabilitación, poniendo dificultades a una labor que todas las administraciones competentes en materia de vivienda coinciden en estos momentos que debe impulsarse e incentivarse, no solo por la oportunidad de los Fondos Europeos, sino sobre todo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a la lucha contra el cambio climático, hechos que con la exigencia de reserva de vivienda protegida se está impidiendo o como mínimo dificultando.
Las entidades antes mencionadas consideran que las grandes tensiones que registra hoy el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias tienen por origen un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto de una demanda creciente, y de la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen.
Según datos del Pla Territorial Sectorial de l’Habitatge (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las que 20.000 en la ciudad de Barcelona. Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible.
Es necesaria capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un mercado estable que facilite el acceso a la vivienda de las familias, y no el continuado cambio de la regulación que afecta al sector de la vivienda, ya que crea inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario, es decir, una reducción de la oferta de viviendas, dificultando aún más el acceso a la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona.
