El sector inmobiliario ha reclamado este lunes mesuras “estructurales” para aumentar la oferta de vivienda en vez de incidir directamente en el precio. Las entidades han comparecido en el Parlamento en referencia a la Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y han pedido “replantear” la definición de grandes tenedores, “no dar cobertura” a la ocupación y mantener los supuestos actuales previstos para aplicar el alquiler social obligatorio.
Hasta ahora, la definición de grandes tenedores incluye las personas físicas y jurídicas con más de quince viviendas. La nueva legislación modificaría este concepto y pasaría a considerar como grandes tenedores las personas físicas con quince inmuebles y las personas jurídicas con diez viviendas. El presidente del Consell Català de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) en Cataluña, Joan Company, ha reclamado revisar este concepto y vincularlo a la “función social” de la propiedad. Por su parte, el presidente del Consell de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, Enrique Vendrell, ha alertado que esta modificación es “contraproducente” y no ayuda a incorporar nueva oferta de alquiler en el mercado de vivienda. Otro de los aspectos más debatidos ha sido la referencia al concepto de ocupación en la Proposición de ley. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas ha admitido “mucha preocupación” por el “crecimiento exponencial” de la ocupación de viviendas y ha asegurado que la nueva regulación “no puede dar cobertura a situaciones ilegítimas”. En referencia al alquiler social obligatorio, Vendrell ha asegurado que este compuerta en muchos casos ingresos inferiores a ciento euros en el mes para los propietarios, una disminución de entre el 70% y el 90% respecto a la aplicación del índice de referencia. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas ha afirmado que esta situación plantea un “importante conflicto legal” por la vulneración del derecho a la propiedad y ha recordado que la jurisprudencia establecida es “muy clara” sobre la necesidad de “proporcionalidad” en las medidas de la administración. En este sentido, Company ha asegurado que los ingresos provenientes del alquiler social obligatorio son “antieconómicos” y vulneran el derecho a la propiedad. El presidente del COAPI ha defendido mantener el concepto de alquiler social recogido en la ley 24\/2015 y limitar la aplicación de esta figura al parque de viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias o el incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los propietarios. Así mismo, ha pedido “replantear” la carga económica sobre el propietario y limitar la duración de esta medida en un año, ampliable a dos años.Todo y las discrepancias del sector, ERC ha celebrado la llegada en un “punto de acuerdo” sobre la figura del alquiler social obligatorio, más allá de las discusiones sobre los tiempos, las cantidades o las cargas sobre el propietario.
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