El sector inmobiliario exige cambios “estructurales” en materia de vivienda para sustituir la imposición “forzosa” del alquiler social obligatorio con medidas alternativas y efectivas que devuelvan la responsabilidad de la protección de las personas vulnerables a la administración pública en vez del sector privado.
Emergencia
Entidades del sector inmobiliario catalán han comparecido esta mañana en el Parlamento con motivo de la ponencia sobre la Proposición de ley de ampliación de las medidas urgentes para hacer frente a la emergencia de la vivienda. Los representantes del sector inmobiliario han valorado negativamente la imposición de este requerimiento al considerar no con solo que incumple el derecho a la propiedad, sino que es una medida inefectiva y que además favorece la ocupación ilegal. Por el contrario, han reclamado medidas “estructurales” para aumentar la oferta de vivienda en vez de incidir directamente en el precio.
También han estado presentes miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del grupo que promovió la iniciativa legislativa popular (ILP) de la Ley 24/2015, la cual impuso la obligación de un alquiler social. Por su parte, han calificado la normativa de una propuesta “de mínimos” y ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios a legislar para acabar con los desahucios y a apoyar a las medidas “de choque” ante una situación “crítica”.
Ilegal
El presidente del Consell de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, Enrique Vendrell, ha asegurado que el alquiler social obligatorio, el cual no se tiene que confundir con el alquiler social, compuerta en muchos casos ingresos inferiores a ciento euros en el mes para los propietarios, una disminución de entre el 70% y el 90% respecto a la aplicación del índice de referencia. Vendrell ha afirmado que esta situación plantea un “importante conflicto legal” por la vulneración del derecho a la propiedad y ha recordado que la jurisprudencia establecida es “muy clara” sobre la necesidad de “proporcionalidad” en las medidas de la administración.
A parecer suyo, el alquiler social obligatorio desvía la resolución del problema de la vivienda al sector privado, cuando tendría que ser responsabilidad de la administración pública. Es decir, en vez de destinar fondo a crear vivienda social para las personas más vulnerables o ayudarlas a pagar el precio del alquiler con ayudas, la administración se limita a imponer esta responsabilidad a los propietarios forzosamente sin ofrecer nada a cambio. Así lo ha descrito Vendrell:
Nos encontramos, pues, ante unos propietarios forzados a ejercer una función subjetiva de la responsabilidad de la administración pública hacia la protección social de las personas y familias en situación de vulnerabilidad.
“Peor que la expropiación”
En concreto, el vicepresidente del Consejo de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña, Joan Ràfols, ha asegurado que un 56% de los contratos de alquiler social obligatorio están por debajo los ciento euros mensuales y el 76% son inferiores a los 150 euros en el mes. De este modo, Ràfols ha asegurado que los propietarios renuncian a 770 euros de media y tienen que hacer frente a unos gastos de mantenimiento de aproximadamente 130 euros el mes.
“Esta medida limita la rentabilidad de los propietarios. Es peor que la expropiación”, ha lamentado, puesto que la expropiación contempla la compensación del propietario. Ante esta situación, Ràfols ha reclamado en la Generalitat subvencionar la diferencia entre la renta proveniente del alquiler social y aquella que se podría obtener a precio de mercado. Es decir, devolver la responsabilidad de proteger a los más vulnerables al sector público, puesto que esta es su función.
Limitar la ley
En este sentido se ha pronunciado también el presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña, Xavier Vilajoana, que también ha pedido hacer un seguimiento del estado del arrendatario durante los años de contrato. Por su parte, el presidente del Consell Català de Colegios de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) en Cataluña, Joan Company, ha asegurado que los ingresos provenientes del alquiler social obligatorio son “antieconómicos” y vulneran el derecho a la propiedad.
El presidente del COAPI ha defendido mantener el concepto de alquiler social recogido en la ley 24/2015 y limitar la aplicación de esta figura al parque de viviendas procedentes de las ejecuciones hipotecarias o el incumplimiento de la función social de la vivienda por parte de los propietarios. Así mismo, ha pedido “replantear” la carga económica sobre el propietario y limitar la duración de esta medida en un año, ampliable a dos años.
Así mismo, ha alertado de los efectos de la entrada en vigor de la ley. Company ha asegurado que el número de pisos destinados al alquiler ha bajado notablemente en los últimos años y ha afirmado que los grupos promotores están desviando inversiones hacia otras zonas del Estado ante la legislación catalana en materia de vivienda.
ERC lo celebra
Todo y las discrepancias del sector, ERC ha celebrado la llegada en un “punto de acuerdo” sobre la figura del alquiler social obligatorio, más allá de las discusiones sobre los tiempos, las cantidades o las cargas sobre el propietario.
La representante del grupo promotor de la ILP de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, Lucía Delgado, ha defendido la importancia de los alquileres sociales obligatorios para “proteger” los hogares vulnerables.
En respuesta en las declaraciones de las asociaciones de empresas inmobiliarias, Delgado ha asegurado que si un gran tenedor no actúa “agresivamente” como uno “fundes buitre” la ley “no entrará en juego”. Aun así, ha asegurado que la normativa es una medida necesaria porque las empresas hagan alquiler social.
La definición de los grandes tenedores
Hasta ahora, la definición de grandes tenedores incluye las personas físicas y jurídicas con más de quince viviendas. La nueva legislación modificaría este concepto y pasaría a considerar como grandes tenedores las personas físicas con quince inmuebles y las personas jurídicas con diez viviendas.
El presidente del Consell de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, Enrique Vendrell, ha alertado que esta modificación es “contraproducente” y no ayuda a incorporar nueva oferta de alquiler en el mercado de vivienda.
En este sentido, el presidente del COAPI en Cataluña ha reclamado revisar este concepto y vincularlo a la “función social” de la propiedad. En caso de que se mantenga la relación con el número de viviendas, Company ha propuesto dejarlo en los quince inmuebles actuales y que queden excluidos los inmuebles de fuera de Cataluña y la residencia principal del propietario.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña ha asegurado que la estructura del parque de viviendas de Cataluña está “extremadamente atomizada”. De hecho, Vilajoana ha afirmado que el 75% de los propietarios tienen uno o dos viviendas, mientras que solo el 3,1% de los propietarios tienen entre once y quince inmuebles.
La proposición de los comunes
“Teniendo en cuenta estos datos, todas las obligaciones de la normativa afectan un porcentaje no mayoritario de propietarios, es decir, que tampoco sería una amenaza generalizada la aprobación de la ley para todos los propietarios de Cataluña. No consideran que propietarios que tienen más de quince viviendas y que han estado sacando beneficios en los últimos años, pueden asumir que alguno de sus viviendas sea considerado de alquiler social?”, se ha cuestionado la diputada de En común Podamos, Susanna Segovia.
La representante del grupo promotor de la ILP de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética ha asegurado que la ampliación de la definición el gran tenedor es un aspecto “vital” para que la norma funcione con “totalidad y eficacia”.
Delgado ha asegurado que el objetivo es evitar que las entidades bancarias y los fundes buitres “troceen” sus activos para evitar cumplir la ley y ha afirmado que más de diez viviendas por persona jurídica es una cantidad “basta amplia” para distinguir entre aquellos que “complementan” los ingresos y aquellos que tienen un “negocio” entorno el mercado de la vivienda.
Okupas
Otro de los aspectos más debatidos ha sido la referencia al concepto de ocupación en la Proposición de ley. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas ha admitido “mucha preocupación” por el “crecimiento exponencial” de la ocupación de viviendas y ha asegurado que la nueva regulación “no puede dar cobertura a situaciones ilegítimas”. Por su parte, el vicepresidente del Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana de Cataluña ha asegurado que la ocupación “tiene que salir de la ley” y necesita una legislación específica.
“Suficiente hipocresía y criminalizar las personas que ocupan viviendas vacías de entidades bancarias o fundes buitres”, ha pedido la representante del grupo promotor de la ILP de la Ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Delgado ha pedido “dignificar” la vivienda y aportar soluciones para los casos como los de Jessica.
En su intervención, la portavoz de las familias afectadas por la anulación del Decreto Ley 17/2019 de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, Jessica Casals, ha asegurado que ocupa un piso desde hace cuatro años por necesidad, después de separarse de su pareja y tener tres hijos a cargo suyo.
“La aprobación de esta ley es un paso muy importante para miles de familias en la misma situación. Las administraciones nos han abandonado”, ha denunciado. De hecho, según Delgado, actualmente hay 150.000 hogares en Cataluña con todos los miembros del paro y ha advertido que los desahucios podrían llegar a 88 en el día una vez finalice la moratoria en vigor actualmente.
En cualquier caso, todos los ponentes han destacado en la necesidad de aumentar el parque de viviendas de alquiler y hacer frente a la situación de emergencia en materia de vivienda. Por su parte, los partidos también han coincidido en la carencia de inversión por parte de las administraciones y han destacado la necesidad de impulsar un Pacto Nacional por la Vivienda y recuperar el Plan Sectorial Territorial de la Vivienda.
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