España y el resto de Europa, dos formas distintas de entender la okupacion
IMA SANCHÍS
Enrique Vendrell es el Presidente del Consejo de Colegios de Administradores de Fincas de Cataluña, Vicepresidente 1º del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España y profesor de de la Facultad de Derecho ESADE. Está aquí para hablarnos del fenómeno de la ocupación, preocupante fundamentalmente en Catalunya, donde se registran el 50 % de las ocupaciones de toda España, el 75 % de estas en Barcelona, un fenómeno que no deja de crecer. Se trata de un delito penal según el Convenio Europeo de Derechos Humanos. «Estamos ante una situación insostenible», argumenta Vendrell, «donde, además, no olvidemos, se promueve la creación de organizaciones criminales y mafias que se aprovechan de las personas y familias gracias a la laxitud y lentitud de las reacciones policiales y judiciales».
La ocupación ilegal se resuelve de forma inmediata en el resto de los países de nuestro entorno. Francia equipara la ocupación ilegal a la figura del allanamiento de morada y es castigada con un año de prisión y multa de 15.000 euros, en Italia también la expulsión de los ocupantes es inmediata y está castigada con prisión de dos años y multas, lo mismo ocurre en el Reino Unido o en Alemania, donde las casas son desalojadas 24 horas después de conocerse y denunciar la ocupación por parte de los propietarios. En Países Bajos basta con denunciar ante la Policía, que, una vez verificado el título de propiedad, puede personarse de inmediato con una autorización judicial para desalojar a los okupas. En España nada de todo eso sirve, el proceso judicial para que un propietario recupere su vivienda es de unos tres años. «Se dan casos en los que durante esos tres años los okupas viven en el hogar de una familia mientras esta tiene que vivir en un hostal mientras paga todos los gastos de consumo de agua y electricidad de los okupas».
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