Nuevo recurso judicial contra una iniciativa del gobierno Colau

Al gobierno municipal de Barcelona que preside Ada Colau se le acumulan las causas en los juzgados. Esta vez el objeto del conflicto es la modificación del Plan General Metropolitano del distrito de Gràcia. Las entidades del sector inmobiliario han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra esta iniciativa que, entre otras cosas, establece que en la construcción de nueva obra residencial o grandes rehabilitaciones habrá que reservar un mínimo del 30%  del techo edificable a vivienda protegida, con la merma que esta disposición supone para los constructores.

El recurso, que si es aceptado dará paso a la correspondiente demanda, lleva la firma de la Associació de Promotors i  Constructors d’Edificis de Catalunya, la Cambra de la Propietat  Urbana de Barcelona, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona y la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya.

La normativa que estas entidades llevan a la justicia es el plan para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gràcia  promovida por el Ayuntamiento de Barcelona, cuya aprobación definitiva fue publicada el pasado 4 de marzo en el Diario Oficial de la Generalitat.

Una carga para los propietarios

Los promotores estiman que la obligación impuesta por el Ayuntamiento requiere una indemnización

La mencionada modificación que afecta en los barrios de Gràcia prevé que las actuaciones edificatorias de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 metros cuadrados tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida. De este modo, entienden los autores del recurso, se establece un techo diferente con respecto al que en su momento se acordó para el resto de la ciudad (600 metros cuadrados) sin justificar el motivo de esta diferencia.

Los promotores del recurso también remarcan que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo. «Nos encontramos pues, ante una limitación al derecho de propiedad, y, por lo tanto, tiene que comportar la correspondiente indemnización, tal como estableció recientemente el Tribunal Constitucional», señalan las entidades del sector inmobiliario.

Una cuestión muy importante, que motiva el recurso, es el hecho de que el estudio económico elaborado no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni tampoco establece la sostenibilidad para las finanzas púbicas. «Igual que en su momento se hizo con la norma actualmente vigente, se incluye la rehabilitación, poniendo dificultades a una tarea que todas las administraciones competentes en materia de vivienda coinciden en estos momentos que se tiene que impulsar e incentivar, no solo por la oportunidad de los Fondos Europeos, sino sobre todo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a la lucha contra el cambio climático, hechos que con la exigencia de reserva de vivienda protegida se está impidiendo o, como mínimo, dificultando», concluyen los firmantes del recurso.

Las entidades antes mencionadas consideran que las grandes tensiones que registra hoy el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias, tiene por origen «un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto de una demanda creciente, y  la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de que disponen».

Crítica a las administraciones públicas

Los promotores del recurso señalan que en Barcelona hay reserva de suelo para 20.000 pisos protegidos

Según datos del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTSH), el Ámbito Metropolitano de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las cuales 20.000 en la ciudad de Barcelona. «Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible», señalan los inmobiliarios.

«Hace falta capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un mercado estable que facilite el acceso a la vivienda de las familias, y no el continuado cambio de la regulación que afecta en el sector de la vivienda, ya que crea inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario, es decir, una reducción de la oferta de viviendas i dificulta todavía más el acceso a la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona», concluyen.