Siete organizaciones representativas del sector inmobiliario catalán han emitido este lunes un comunicado conjunto en el que lamentan la «inseguridad jurídica» en el mercado de la vivienda.
Lo han dicho tras la resolución del Tribunal Constitucional que señala que Catalunya no tiene competencias para establecer criterios en la fijación de los precios de alquiler de viviendas.
El sector inmobiliario catalán lamenta la «inseguridad jurídica» en el mercado de la vivienda
«Desgraciadamente, no se nos escuchó, no se nos ha escuchado y no se nos escucha», han afirmado, y han explicado que han intentado trasladar al Govern la inseguridad jurídica que supone la aplicación de esta ley.
Han recordado que el Consell de Garanties Estatutàries advirtió a todos los grupos parlamentarios y a los promotores de la ley este hecho y ha subrayado las «reiteradas resoluciones contrarias» a la norma y que este hecho agrava la situación de inseguridad jurídica.
Han reclamado que se afronte la problemática de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales «y no con normativas populistas que solo provocan el efecto contrario», por lo que se debe crear un marco adecuado en el que todos los actores del sector puedan participar.
Los firmantes han pedido que el Govern participe directamente «con medidas efectivas que creen seguridad, estabilidad, pacifiquen el mercado y permitan recuperar la confianza en el alquiler».
Han firmado el texto el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida (CAFBL), el Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya, la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i Província, el Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) y la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida.
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