El sector reclama acabar con la crisis de los alquileres desde el consenso y con colaboración público-privada
El sector inmobiliario catalán ha reclamado que se aborde el problema de la vivienda desde la colaboración público-privada y el diálogo social y ha alertado de la inseguridad jurídica que genera la profusión de normas que luego son parcial o totalmente suspendidas por diferentes instancias judiciales.
En un comunicado conjunto hecho público hoy tras el recorte del Tribunal Constitucional a la ley catalana que regula los alquileres, las principales entidades catalanas del sector inmobiliario instan al Govern y a todos los grupos parlamentarios a afrontar el acceso a la vivienda “con medidas estructurales y no con normativas populistas“. A su juicio, hay que crear un marco “adecuado, sereno, donde todos los afectados puedan participar, donde se den las condiciones necesarias para generar un auténtico diálogo social”.
Crítica al populismo
“Es hora de que, de una vez por todas, el Govern y los grupos parlamentarios afronten el problema de la vivienda en su profundidad con medidas estructurales, y no con normativas populistas que solo provocan el efecto contrario, puesto que cada vez hay menos disponibilidad de vivienda asequible y más desconfianza”, asegura el comunicado.
El escrito está firmado por el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, el Consejo del Colegio de Administradores de Fincas de Cataluña, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y Provincia, el Consejo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Cataluña, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida.
Piden medidas efectivas
Estas organizaciones subrayan que son los propietarios e inquilinos los que deben “arreglar sus diferencias” y que el sector público debe ayudar con medidas “efectivas” que creen “seguridad y estabilidad” y “pacifiquen el mercado” para poder recuperar la confianza en el alquiler. “No podemos seguir por el mismo camino y salvar los escollos jurídicos que cada vez pone encima de la mesa el Tribunal Constitucional (TC), con parches y nuevas leyes, decretos leyes y decretos”, ha expresado.
En esta línea, se ofrecen a colaborar “para poner en marcha medidas que sean realmente efectivas”, asegurando que “no se puede escuchar únicamente a las propuestas de unos determinados movimientos sociales“. Este comunicado conjunto se produce después de que el pasado jueves el TC anulara parte de la ley catalana que limitaba los precios de alquiler de las viviendas por considerar que invade competencias estatales.
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