- Edificios de viviendas y grandes rehabilitaciones han de reservar un 30% del techo edificable a pisos sociales.
El sector inmobiliario ha interpuesto un recurso contencioso- administrativo contra la modificación del Pla General Metropolità (MPGM) para la mejora urbanística y ambiental de los barrios de Gràcia de Barcelona, cuya aprobación definitiva se publicó el pasado 4 de marzo en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC).
La demanda sostiene que la mencionada modificación prevé que las actuaciones en edificios de viviendas plurifamiliares en suelo urbano consolidado o de gran rehabilitación de edificaciones de más de 400 metros cuadrados tendrán que destinar un mínimo del 30% del techo edificable a vivienda protegida, fijando un techo diferente respecto al que en su momento se estableció para el resto de la ciudad (600 metros cuadrados) “sin justificar el motivo de esta diferencia”.
En el documento, firmado por el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya, la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona y la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, también remarcan que la reserva en suelo urbano consolidado constituye una carga nueva sobre la propiedad, ya que impone un nuevo deber a los propietarios de este suelo.
“Nos encontramos ante una limitación al derecho de propiedad, y por tanto, ha de comportar la correspondiente indemnización, tal y como estableció recientemente el Tribunal Constitucional”, sostienen. También subrayan que una cuestión muy importante, que motiva el recurso, es el hecho de que el estudio económico elaborado “no aclara la viabilidad real de la nueva norma, ni tampoco establece la sostenibilidad para las finanzas púbicas”.
En datos del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH), el Àmbit Metropolità de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, 20.000 en la ciudad de Barcelona
Las entidades consideran que las grandes tensiones que registra a día de hoy el acceso a la vivienda para una gran parte de las familias, tiene por origen “un grave desequilibrio entre una oferta muy reducida respecto a una demanda creciente”, así como la ausencia de políticas públicas bien diseñadas y dotadas económicamente, así como de una parálisis de la gestión de las administraciones públicas con los escasos recursos de los que disponen.
En datos del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge (PTSH), el Àmbit Metropolità de Barcelona tiene un potencial de reservas de suelo para construir más de 73.000 viviendas protegidas, de las que 20.000 serían en la ciudad de Barcelona. “Es imprescindible movilizar estas reservas para incrementar la oferta de vivienda asequible”, señalan.
Por ello, consideran que hace falta capacidad de gestión, coordinación entre administraciones y recursos económicos para disponer de un “mercado estable” que facilite el acceso a la vivienda de las familias, y no el “continuo cambio de la regulación que afecta al sector de la vivienda”, ya que crea “inseguridad jurídica, imposibilita la planificación y provoca el efecto contrario”.
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