Les desenes de milers de pisos buits encoratgen l’ocupació a Catalunya

Catalunya tiene decenas de miles de viviendas vacías, la inmensa mayoría de grandes tenedores, principalmente de entidades financieras y fondos de inversión, y de la Sareb, el banco malo. Este es uno de los factores que allanan la ocupación. En el 2021, siendo la segunda comunidad en población –por detrás de Andalucía y por delante de Madrid–, fue, a gran distancia de las demás, en la que se presentaron más denuncias por los delitos de usurpación y allanamiento de morada, 7.345, el 42,3% del total de España, según el Ministerio del Interior.

Un problema a la hora de analizar este fenómeno es el baile de cifras sobre cuál es el número de inmuebles deshabitados. Carles Sala, secretario de Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat, señala que en el registro creado en el 2015 para inscribir las viviendas vacías o sin título habilitante procedentes de ejecuciones hipotecarias constan 34.856, pero que la situación es muy cambiante. Sala considera que no se ajustan en nada a la realidad los datos, de un lejano 2011, del INE, de 448.000 casas desocupadas. Y otra aproximación es la del Ministerio de Fomento del 2019 que hablaba de 75.685 pisos nuevos a estrenar sin nadie dentro. En el 2020, Territori cuantificó 27.558 en manos de grandes tenedores –personas físicas con más de 15 viviendas o jurídicas con más de diez– que llevaban más de dos años vacíos.

Muchos datos y poca concreción. En todo caso, hay un cierto consenso en que son decenas de miles los inmuebles deshabitados. Este elevado volumen y la regulación catalana sobre el derecho a la vivienda, muy controvertida, son dos factores clave. La ley 1/2022, que modifica otras tres del 2007, el 2015 y el 2016 para afrontar la emergencia en el ámbito residencial, reconoce el derecho de los ocupantes de inmuebles de grandes propietarios a recibir una oferta de alquiler social que les permita quedarse en el inmueble si reúnen una serie de condiciones, entre ellas no haber rechazado ninguna opción de realojo y estar en riesgo de exclusión habitacional.

La norma, critica Enrique Vendrell, presidente del Col.legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, “reconoce la ocupación como un modo de acceso al derecho residencial, no hay nada equivalente en otras comunidades”. Desde una posición muy distinta, Santi Mas de Xaxàs , de la PAH, una de las entidades más activas en la defensa del derecho a la vivienda, ve positiva la ley porque “obliga a bancos y fondos buitre a ofrecer alquileres sociales a familias vulnerables”.

El sector inmobiliario considera injusto
que la legislación catalana legitime
las ocupaciones

Sònia Lacalle, responsable de la asesoría jurídica de Càritas Barcelona, precisa que para hacer una fotografía más ajustada a la realidad cabría sumar los procedimientos civiles, por lo que intuye que el montante global de ocupaciones podría rondar los 14.000.

El importante número de inmuebles deshabitados desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en el 2008; el elevado precio del alquiler; el gran déficit de vivienda pública, y el preocupante aumento del número de personas que sufren exclusión social en Catalunya –el 29,1%, un 12% más que en el 2018 y un 6% por encima de la media de España, según el último informe Foessa– conforman un cóctel que aboca a no pocas familias al sinhogarismo.

El déficit de alquiler social no justifica la ocupación, claman promotores y API

Pero aún hay más ingredientes que alimentan este peligroso combinado. La emergencia de grupos mafiosos que se apropian de pisos tanto de pequeños como de grandes propietarios y los ofrecen por 2.000 o 3.000 euros a ciudadanos con escasos recursos, sobre todo a inmigrantes sin papeles y por tanto sin capacidad para formalizar un alquiler, alimenta la usurpación de casas. También que cada vez haya menos naves disponibles en zonas como el Poblenou, que alojaban a centenares de personas, ha desviado la ocupación a pisos y locales comerciales que han cesado su actividad, apunta Raúl Martínez, subdirector en los últimos años de la fundación Cepaim.

Las entidades sociales exigen que las viviendas vacías de bancos, fondos y Sareb pasen a ser de alquiler social

Otros motivos son “el aumento de los desahucios, estamos en el mismo nivel que en el último trimestre del 2019, y el incremento de las ejecuciones hipotecarias, que crecieron un 57% en el cuarto trimestre del 2021”, alerta Sònia Lacalle. Durante los tres primeros meses de este 2022 se ejecutaron 2.410 lanzamientos, el 21,8% de los realizados en el conjunto de España. “El 40% de las personas atendidas ahora por Càritas –añade– viven en una habitación realquilada frente al 25% del 2017”.

Carme Trilla, presidenta de la fundación Hàbitat 3, no es la única que reivindica “un pacto de Estado para dedicar los inmuebles vacíos, que son un caladero de ocupaciones, a alquiler social. Incluso a nosotros, que somos gestores de vivienda social, nos ocupan pisos, se debe luchar contra la idea de que esto es correcto”. Trilla urge a aprobar una “normativa que permita sacar en dos días” a las personas que usurpan una casa. “Esto es la ley de la selva, las mafias, cuando entran en una propiedad, no distinguen si es de un gran tenedor o de un ciudadano”, añade.

“Debemos ser cuidadosos, hay quien quiere dar a entender, de manera interesada, que no puedes ir a comprar el pan porque cuando vuelves a casa te la han ocupado y esto es una falacia”, advierte Santi Mas de Xaxàs. Este activista de la PAH precisa que la inmensa mayoría de casos son de inmuebles vacíos pertenecientes a grandes propietarios y que por ello están “plenamente legitimados, especialmente los que son o fueron de bancos rescatados con dinero público o que han acabado en manos de fondos buitre”. Y, subraya: “El problema es la falta de un parque de vivienda pública, en la Unión Europea esto no ocurre, las personas que aquí ocupan tendrían un piso público donde vivir”.

Los promotores y los gestores inmobiliarios asumen que el déficit de pisos sociales es la base del problema. Pero alertan de que ello no justifica que se usurpen casas. Y van más allá. “En lugar de buscar alternativas públicas se sustituyen por las ocupaciones, determinadas administraciones locales lo permiten e incluso promueven”, denuncia Enrique Vendrell.

El 29% de la población catalana sufre exclusión social, un 12% más que en 2018, según el informe Foessa

“Estamos enviando un mensaje equivocado a la sociedad, al percibir la ocupación como algo lícito, las personas vulnerables que queremos proteger acaban en manos de mafias”, destaca Montserrat Junyent, responsable del área jurídica del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya. “La falta de vivienda no es culpa del sector privado –prosigue-, sino de la ausencia de políticas públicas”.

Otro elemento controvertido es el del papel de las policías. “No tienen cobertura legal suficiente para entrar y sacar a la gente sin título; hay mucha prevención si no hay una resolución judicial”, sigue Vendrell. “Si hubiese mecanismos legales para actuar rápido no habría tantos problemas”, sostiene Xavier Vilajoana, presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (APCE), colectivo que asegura tener cada vez más casos de promociones nuevas a punto de entregar que son usurpadas, por lo que se ven obligados a reforzar la vigilancia.

La policía catalana niega inacción y recuerda que debe atenerse a las garantías que fija el marco legal

“En Catalunya no hay más ocupaciones porque los Mossos d’Esquadra no actúen, sino porque la situación es distinta, con más viviendas vacías, más familias vulnerables, con menores…”, defiende Pere Ferrer, director general de la Policia de la Generalitat. “La actuación policial sigue el marco legal, tiene en cuenta esa realidad compleja –prosigue– y busca un equilibrio en el que haya las suficientes garantías para todos, para los afectados, para los ciudadanos en general y para los agentes”. Así, recuerda que si la ocupación ha sido pacífica, hay voluntad de permanencia (se ha configurado un domicilio) y no coinciden otros hechos (que se cultive marihuana o haya grupos criminales, por ejemplo), a no ser que se haya descubierto in fraganti (tras saltar una alarma o porque los vecinos o los propios agentes lo hayan visto), no hay cobertura para entrar y echar a los ocupantes, hace falta un requerimiento judicial.

Las cifras de denuncias de los Mossos d’Esquadra son muy similiares a las del Ministerio del Interior. La policía catalana recibió 7.174 en el 2021. Es un volumen sensiblemente mayor que el que había en los años de la crisis inmobiliaria. En 2012, por ejemplo, se registraron 1.847. “La cantidad ha ido creciendo año tras año –constata Ferrer– a medida que el stock de inmuebles vacíos ha aumentado y también la necesidad de vivienda de colectivos vulnerables”. Los Mossos, insiste el director general, “son el último eslabón de un problema y se les pide que lo resuelvan cuando no pueden”.